(Por Claudio Campanari) El presidente de la Federación de Organizaciones no Gubernamentales de la Argentina para la Prevención y el Tratamiento de Abuso de Drogas (Fonga), Fabián Tonda, afirmó hoy que el caso de explotación laboral que se investiga en la comunidad terapéutica “La Razón de Vivir” puede ser un buen punto de partida para volver a debatir la Ley de salud Mental a la que “hay que hacerle algunos ajustes”, y advirtió sobre el riesgo que representa que “muchos aventureros” pongan en marcha comunidades terapéuticas “sin habilitación”.
En este sentido, Tonda, al frente de una entidad que surgió en 1990 con el objetivo de brindar respuestas desde las organizaciones de la sociedad civil al aumento de los consumos problemáticos, señaló que, en la actualidad, “existen muchos aventureros que se mandan a construir centros de rehabilitación, sin habilitación nacional o municipal”.
Télam: El caso de la comunidad terapéutica “La Razón de Vivir”, ¿pone en debate la forma en que trabajan los centros de rehabilitación para jóvenes adictos y su normativa?
Fabián Tonda: Lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Por cada tres comunidades terapéuticas, hay dos que no cuentan con la habilitación municipal o provincial y ahora no hay excusa para no tener una habilitación a partir de la sanción de la Ley de Salud Mental en 2010. Pero esto no quiere decir que haya centros legales que funcionan bien o lugares sin habilitación que son un desastre. Ninguno de los chicos de “La Razón de Vivir” -centro que no estaba habilitado- dice vivir lo que dicen (los denunciantes) que vivían allí.
T: ¿Entonces cuál es la diferencia entre un centro de rehabilitación legal y uno que no tiene ese marco de legalidad?
FT: La diferencia es la habilitación, para lo cual hay que cumplir con una serie de requisitos como tener un equipo multidisciplinario, que los tratamientos sean voluntarios o respetar los derechos de los jóvenes. Lo que sucede es que, al no estar habilitados, no están registrados en ninguna parte y no tienen auditorías o controles. Sin embargo, dentro de los centros legales hay gente que está muy conforme, otros poco conforme o nada conformes.
T: ¿Qué es lo básico que debe tener un centro de rehabilitación para jóvenes adictos?
FT: Para mí hay cosas que no se negocian, haya o no habilitación: que el joven coma y duerma bien, y que reciba una atención terapéutica adecuada. Después, algunos centros salen mejor o peor.
T: En “La Razón de Vivir”, Marcelo ‘Teto’ Medina cumplía un rol de operador terapéutico. ¿Cuáles serían sus funciones?
FT: Después del HIV empezaron a surgir un montón de pibes recuperados ejerciendo un rol de contención. Sin embargo, no está bueno trabajar sólo desde el testimonio del joven; hay que tener herramientas terapéuticas. Entonces, se trabajó en darles cursos. Cualquier persona puede ser operador con estos cursos pero debe estar complementado por un equipo multidisciplinario de profesionales. Estos operadores trabajan desde el saber y no desde el testimonio, pero estos cursos no son títulos de grado, ni habilitantes ni matriculados, sólo te da pie para trabajar en estas comunidades con herramientas.
T: ¿Qué riesgos corre una familia al internar a un chico en un centro no habilitado?
FT: Fueron muchos años sin trabajar con una normativa hasta que surgió la Ley de Salud Mental. Entonces, cuando uno se lanza a trabajar sin habilitación decide correr un riesgo que no se lo puede adjudicar más que a la decisión de cada uno. El Sedronar tiene una red de centros habilitados, las comunidades terapéuticas de Fonga ya comenzamos a recibir a chicas y chicos derivados por Sedronar de “La Razón de Vivir”. Lo que sucede es que, cuando una familia decide internar a un joven, en su desesperación, nunca pide el número de habilitación y hay muchos aventureros que se lanzaron a instalar centros asumiendo el riesgo.
T: ¿Cómo se financian los centros de rehabilitación que no están habilitados?
FT: Al no tener habilitación, la mayoría trabajan desde el asistencialismo y la caridad, y ahí se confunde porque entran en el plano de la interpretación. Los centros habilitados reciben jóvenes del sistema de salud, derivados de obras sociales o particulares, y con eso se financian. Ningún pibe puede salir a vender nada.
T: ¿La Ley de Salud Mental vino a ordenar la situación de los centros de rehabilitación?
FT: Hay un artículo de la Ley de Salud Mental (sancionada en 2010) que dice que, para permanecer en el centro, hay que tener la voluntad de la persona. Cada nuevo joven que ingresa firma un consentimiento y la persona puede contrastar lo que firmó con lo que le pasa en la realidad. Se comunica con sus familiares o los fines de semana puede salir del centro. Este es un régimen de puertas abiertas. Pero hay municipios que no tienen ninguna normativa y se los habilita bajo otra denominación.
T: ¿Usted lo conoce a “Teto” Medina?, ¿sabe cómo trabaja?
FT: El “Teto” es un pibe que hizo tratamiento e hizo una formación; puede ser un gran motivador como alguien que la luchó y logró salir. Desde ese lugar, no le haría mal a nadie. Ahora, si después aprovecha ese contacto para promocionar un centro, no sé… Las veces que hablé con él lo vi con muchas ganas de ayudar a la gente pero con un encuadre de su labor riesgosa por su exposición. Para trabajar en comunidades, hay que seguir una normativa y procedimientos. A nosotros no nos gusta subir videos en las redes con los jóvenes. Hay mucha estigmatización en la sociedad y, para mí, es un error que ‘Teto’ suba esos videos.
T: ¿Considera este caso una oportunidad para volver a debatir una Ley de Salud Mental?
FT: La Ley de Salud Mental vino a iluminar toda una cuestión de derechos, lo que es bueno, pero necesita algunos ajustes ya que, si a tanta gente le cuesta entenderla, deber haber algo que no funciona bien. En la provincia de Buenos Aires, hay cursos de género y diversidad, por ejemplo, que sirven para entender las nuevas realidades que traen los jóvenes como los pacientes trans.
