Los ministros bonaerenses de Gobierno, Cristina Alvarez Rodríguez, y de Trabajo, Walter Correa cuestionaron a la exgobernadora María Eugenia Vidal, luego de que Juntos por el Cambio se negara a aprobar la reforma de la Ley 15.008 que rige la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los trabajadores del Banco Provincia (Bapro).
Ayer, en conferencia de prensa, el gobernador Axel Kicillof les había pedido a Vidal y al expresidente Mauricio Macri que “suelten” y trabajen junto a los bloques legislativos de Juntos por el Cambio para que se vote el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que busca modificar la norma que modifica el régimen jubilatorio del Bapro.
“Macri, Vidal, suelten. Esta ley no va más. Es una ley muerta”, dijo el gobernador.
Luego, la actual diputada por la Ciudad Autónoma, respondió en Twitter: “El que tiene que soltar sos vos Kicillof. Basta de defender jubilaciones de privilegio en una provincia con 41% de pobreza”.
En sus redes sociales, Alvarez Rodríguez planteó en las últimas horas: “En 2017 impulsaron una ley irresponsable y oportunista que tenía un solo objetivo: un ajuste previsional en la PBA en línea con el ajuste diseñado por Mauricio Macri a nivel nacional”.
“Dejen de mentir y por una vez háganse cargo del desastre que hicieron”, posteó.
En tanto, Correa expresó: “En 2017 impulsaron una ley oportunista e irresponsable que tenía un solo objetivo: un ajuste previsional a las y los trabajadores de la Provincia”.
Posteriormente, agregó: “Como decía el General: Se puede decir una mentira, pero no hacer una'”.
Es que, durante el gobierno de Vidal, se sancionó la Ley 15.008, que elevó a 65 los años de jubilación para hombres y mujeres, y estableció el haber en un 75% de lo que cobra el personal en actividad en lugar del 82% que regía, bajo el argumento de que ese régimen llevaba a la caja a una situación deficitaria.
Esa decisión generó un extenso conflicto con los trabajadores de la banca pública bonaerense y existen en la actualidad más de 5 mil presentaciones judiciales para que se declare la inconstitucionalidad de la norma.
En ese escenario, el Poder Ejecutivo envió en 2021 a la Legislatura un proyecto de Ley para modificar el régimen jubilatorio del Bapro, en el marco de una comisión especialmente creada por la Corte Suprema de Justicia bonaerense.
La iniciativa se trabajó durante un año junto a representantes del gremio Asociación Bancaria, de jubilados, la asesoría legal, el Ministerio de Hacienda, la Caja de Jubilados y el Banco y, una vez enviada, la Cámara de Diputados la trató en 4 comisiones.
El nuevo proyecto pretende restituir los derechos vulnerados: devuelve la movilidad al 82% para jubilados y del 75% para pensionados, vincula la movilidad con el sueldo de los trabajadores activos, reduce la edad de jubilación de las mujeres a 60 años y equilibra la representación política en el directorio de la Caja.
A la vez, con el fin de evitar que esta reposición de derechos sea una carga sobre las finanzas provinciales, se establece un mecanismo de financiamiento solidario y equitativo: los aportes de los activos se incrementan en 2 puntos porcentuales y los de pasivos en 1.18, y se impone un nuevo régimen para quienes ingresen a trabajar al banco con aportes 5 puntos superiores al esquema actual.
Desde el Gobierno provincial se cree que, con este nuevo esquema de financiamiento, el déficit financiero de la Caja se reduciría 10 años antes a la proyección realizada con la Ley vigente, de forma que no recarga las finanzas provinciales ni compromete el patrimonio del Banco Provincia.
Por otra parte, se condiciona el aporte de las utilidades del Bapro a los requisitos de solvencia del Banco Central, y el Estado bonaerense queda formalmente como garante final del sistema.
Sin embargo, el oficialismo no logra el acompañamiento de la oposición para avanzar con la propuesta.
