El proyecto que contempla establecer alcohol cero para la conducción de vehículos será debatido mañana en el recinto de la Cámara de Diputados, que buscará darle media sanción a la iniciativa en una sesión convocada a propuesta del Frente de Todos (FdT).
La Cámara baja sesionará a partir de las 11 para debatir esa iniciativa que reforma la Ley 24.449 para reducir de 0,5 a 0 miligramos la cantidad de alcohol por litro de sangre que puede tolerarse para conducir.
De convertirse en ley el proyecto tras su paso por el Senado, se prohibiría manejar automóviles cuando se haya consumido alguna bebida alcohólica.
La actual Ley de Tránsito 24.449 establece, para cualquier tipo de vehículos, una tolerancia de hasta 500 miligramos (0,5 gramos) de alcohol por litro de sangre; para motocicletas o ciclomotores hasta 200 miligramos (0,2 gramos); y para transporte de pasajeros de menores de edad y de carga, alcohol cero.
En tanto, la “tolerancia cero” con el alcohol ya se implementa en siete provincias y 13 localidades del país, donde se obtuvieron mejores resultados en términos de siniestros viales que con la normativa actual.
En tanto, en la provincia de Buenos Aires resta que la Cámara de Diputados apruebe la iniciativa impulsada por el gobernador Axel Kicillof que ya recibió media sanción del Senado provincial a fines de octubre. Las penas van desde multas hasta arresto, retención de la licencia e inhabilitación.
En la convocatoria a la sesión de mañana, se incluyeron además la ampliación, para su aplicación en el ámbito del Ministerio de Salud, del Programa de Protección Integral de Personas con Cardiopatía Congénita y el reconocimiento de la Lengua de Señas Argentina (LSA), como una lengua natural y originaria en todo el territorio del país.
También se debatirán otras dos iniciativas, una sobre la actualización del valor de las sanciones por infracción a la Ley de Residuos Peligrosos y la modificación a la ley de Feriados en relación a la inamovilidad del 17 de agosto.
Asimismo, se incluyeron cinco proyectos que determinan transferencias de inmuebles del Estado nacional a provincias, municipios y universidades.
